martes, noviembre 29, 2005

El fin del Clientelismo

Son acarreados, pero voluntarios: sus líderes negocian a nombre de ellos y, una vez cerrado el trato, engrosan mediante mítines las filas de algún partido o grupo que busca serlo.

Por David Santa Cruz

En algunos tianguis de la Ciudad de México todavía se pueden ver puestos con el logotipo del extinto Partido del Centro Democrático (PCD), fundado por Manuel Camacho Solís y la organización Fuerza del Comercio, quienes ya no trabajan con el ex regente, que ahora milita en el PRD. Formados en el PRI, los tianguistas decidieron engrosar las filas de Convergencia, aunque para jefe de Gobierno aseguran que apoyarán al posible candidato del PAN, Demetrio Sodi. Así demuestran que son capaces de diversificar su mercado.

Este fenómeno es producto de la competencia política, donde al menos los tres principales partidos se han convertido en gobierno estatal, con lo cual los grupos clientelares y corporativistas de antaño buscan un mejor cobijo que el proporcionado por el Revolucionario Institucional, propulsor en México de esta forma de inserción política, acercándose principalmente al PRD y a los partidos pequeños.

Entrevistado en sus oficinas, José Sánchez, dirigente de Fuerza del Comercio, asegura que para bien o para mal, el corporativismo en México ya no opera como durante la época del PRI, cuando ellos conformaban la columna vertebral de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP): “Ahí fue donde nos enseñaron que, para que nos hagan caso, hay que estar adentro; pero como los partidos nos usaban sólo para las campañas, decidimos conformarnos como Asociación Política Nacional: así es mas fácil canalizar nuestras demandas”.

Con 45 años trabajando en la organización que fundara su padre, don José Sánchez, y que en su mejor momento tuvo 70 mil afiliados, reconoce que han cambiado sus tácticas: “Camacho tuvo mucho que ver: cuando formamos el PCD, nos decía que no acarreáramos, que no fuéramos corporativistas. Actualmente tratamos de convencer a los miembros que apoyen a tal o cuál candidato, pero ya no podemos obligarlos, finalmente el voto es secreto y cada quien vota por quien quiere”.

Analista político de diversos medios nacionales y extranjeros, así como profesor de la Universidad Autónoma de Tijuana, y la del Paso Texas, Samuel Schmidt explica que la ruptura con el otrora cliente único llevó a las personas a pensar que, si se pueden incorporar a varias organizaciones, también pueden vender su apoyo a más de uno: “La sociedad comienza a entender que el apoyo produce resultados y produce recursos”.

Juntos pero no revueltos

Aunque son prácticas distintas, el clientelismo y el corporativismo se mezclan con frecuencia, lo cual hace que se confundan los conceptos. Entrevistado por CAMBIO al finalizar la presentación de su libro Las grandes soluciones nacionales (Aguilar, 2005), Samuel Schmidt aclara la diferencia:

“El corporativismo es cuando una institución más genérica, un partido o un gobierno, se allega grupos específicos y los incorpora al Estado o al partido. De esta manera los puede movilizar. A cambio, gestiona sus intereses, porque sino sería una incorporación hueca. Ahí es donde se da una relación clientelar: ‘tú me apoyas, yo te apoyo’, eso es lo que se ha ido rompiendo cada vez mas”.

De acuerdo con el diccionario electoral del Instituto Nacional de Estudios Políticos, el corporativismo se refiere a una estructura social, en la cual las corporaciones ejercen gran poder en las vidas y actividades profesionales de sus miembros. Este esquema fue el usado por el general Lázaro Cárdenas para congregar a su alrededor los sindicatos y organizaciones campesinas, y dar paso a los sectores que dieron vida orgánica al PRI –en aquel entonces Partido Nacional Revolucionario– como partido de Estado.

En el caso de las relaciones clientelares, puntualiza Schmidt, no necesariamente están incorporadas al Estado, pero pueden estarlo a un partido: “Como ejemplo tienes a todos los grupos que regentea Bejarano, a quienes les maneja sus necesidades clientelares y las incorpora al partido, pero dentro del PRD ya están peleando y cada quien quiere manejar esos grupos lo mejor posible, entonces se comienza a debilitar la relación del cliente único”.

Buscan legitimarse

La primer semana de febrero de 2006, las organizaciones campesinas y sindicales del país que forman parte de la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT, planean realizar una consulta nacional a través de votación universal, directa y secreta entre los miembros de las organizaciones, para decidir a cuál candidato apoyarán, adelantaron a CAMBIO el líder del Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar, y el dirigente de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, Roberto Vega Galina.

Durante la consulta de la central de trabajadores autodenominada de izquierda democrática se espera que asistan alrededor de un millón de votantes, de las más de 100 organizaciones que la UNT agrupa. “Se tomó la resolución porque no queremos que sea una decisión sólo de las dirigencias, ya que es un esquema agotado hablar a nombre de toda la organización, cuando existe una enorme pluralidad de intereses”, comenta Ramírez Cuéllar, quien acotó que seguramente optarán por el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador.

Para Samuel Schmidt esto no es más que “corporativismo colectivizado”, y advierte que lo que pretende la UNT es justificar que tienen ese millón de votos e ir a venderlo y así justificar su posición política, la cual estaría avalada y legitimada por todo el grupo, a cuyos líderes acusa de seguir actuando como caciques:

“Hernández Juárez llegó jurando que no se iba a reelegir, y lleva mas de 20 años en la chamba; son puros trucos de ellos para tratar de legitimar sus posturas políticas, porque todo mundo sabe que nadie de ellos te garantiza nada, vale más el dinero que van a donar a las campañas. Si cualquiera de ellos le pone en la mesa 100 millones de pesos a un candidato, valen mas que el millón de votos que dicen les pueden conseguir”.

Cada quien decide

Caracterizados por su capacidad de movilización y lo aguerrido de sus integrantes, que siempre están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias, incluyendo los golpes, el Frente Popular Francisco Villa estudia, junto con las demás organizaciones del Movimiento Urbano Popular, “quién de los candidatos representa mejores condiciones de vida para la población”, comenta uno de los dirigentes de este grupo, Adolfo López Villanueva.

Sin embargo, deja claro que al menos para un gran bloque del FPFV, la opción es López Obrador, mientras que otra línea está apoyando La Otra Campaña, impulsada por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional; sin embargo, acepta que no tienen el control de las 15 mil familias que componen la agrupación el DF.

Para Javier Hidalgo, dirigente de una de las ramas moderadas del Movimiento Urbano Popular que dieron forma al PRD, aunque una buena parte de las organizaciones del MUP evolucionaron y canalizan directamente sus demandas a través de los programas del gobierno del Distrito Federal, no son corporativos por la simple razón de que no pueden garantizar la participación de nadie: “Quien en la actualidad diga que tiene cien o mil o un millón de votos, miente”.

Por esto, algunos de los entrevistados coinciden que quien pierde ante este debilitamiento de las estructuras gremiales son los partidos políticos, al no poderse beneficiar de las movilizaciones. Si bien conservan su condición de gestores de intereses específicos, pierden su capacidad de articulación.


lunes, noviembre 14, 2005

PAGAN EL PATO


Pascual Boing está en medio de un litigio judicial que podría privarlos de sus terrenos en el DF. Todo surgió a raíz de una polémica expropiación de Andrés Manuel López Obrador.

Por David Santa Cruz

El caso de la Cooperativa Pascual está por convertirse en una más de las expropiaciones fallidas en el Distrito Federal, que por irregulares, han ido a parar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los últimos cinco años, coincidentes la mayoría en algún punto con la administración de Andrés Manuel López Obrador. Éste es el único caso donde él realizó la expropiación.

En dos de estos casos –Cooperativa Pascual y predio El Encino– ha sido criticada la falta de respeto de la administración peredita hacia el derecho a la propiedad privada, principalmente por haber expropiado en beneficio de sociedades mercantiles afines a su gobierno, siendo que, de acuerdo con el artículo 27 constitucional, las expropiaciones“sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública”.

El caso del Encino llevó a Andrés Manuel López Obrador a ser desaforado y retirado del gobierno del Distrito Federal, además de ponerlo al borde de la inhabilitación, lo que hubiese impedido su candidatura a la presidencia de la República. El que involucra a la famosa refresquera Pato Pascual, podría dejar sin empleo a cerca de 5 mil trabajadores y prácticamente sacar del mercado a una de las cooperativas mas exitosas del país. Es la refresquera ciento por ciento mexicana de mayor importancia.Tras 20 años de operar como sociedad cooperativa, la empresa refresquera Pascual Boing podría verse obligada a abandonar los inmuebles que ocupa desde 1940, cuando fue creada por el empresario Rafael Jiménez para embotellar agua purificada y producir zumos de fruta. Con ello, la empresa tendría que despedir a 2 mil trabajadores –la mitad de su planta laboral– y reducir su productividad al 50 por ciento durante al menos dos años, perdiendo así su posición en el mercado.

Jugo amargo

“Desde que nos adjudicaron los bienes y las patentes de la empresa en 1985, no venían los terrenos donde se encuentran las plantas, desde entonces fue nuestra principal preocupación. En 1989, la señora Victoria Valdés –viuda de Jiménez– inició la demanda de recuperación de los terrenos”, narra el secretario del Consejo de Administración de Pascual, Alfredo Rivera.

Ante la negativa de la viuda de Rafael Jiménez de vender o rentar los terrenos ubicados en Insurgentes Norte y en Lorenzo Boturini, y de los intentos por desalojarlos de dichos inmuebles, los cooperativistas pidieron el apoyo del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, quien “con base en la opinión vertida por la Consejería Jurídica y de Servicios legales”, según consta en documentos oficiales de la Oficialía Mayor del GDF, emitió el decreto de expropiación del 18 de febrero de 2003, a favor de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual S.C.L.

Entre los argumentos, el citado decreto señala que de ponerse en riesgo la permanencia de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual S.L.C en las dos plantas que viene ocupando en la Ciudad de México: “se verían irremediablemente mermados los empleos de cientos de trabajadores, los encadenamientos productivos que genera, las aportaciones fiscales nivel local y federal que entera, así como las relaciones sociales que en torno a su actividad se desenvuelven”, por lo cual concluye que los inmuebles y edificaciones que vienen ocupando la Cooperativa: “por sus características y circunstancias, son indispensables para la satisfacción del interés social, la conservación y fomento de la empresa

Les piden el terreno

Tras la expedición del decreto de expropiación, la señora Victoria Valdés Cacho solicitó un amparo ante un juez de distrito, quien se lo otorgó y turnó el caso a la SCJN, para que dictaminara sobre la constitucionalidad de la fracción IX del artículo primero de la ley de expropiaciones, sobre la cual se sustentó la expropiación.

El jueves 20 de agosto de este año, el pleno del SCJN discutió el proyecto presentado por el magistrado Guillermo Ortiz Mayagoitia, llegando a la conclusión de que el citado artículo resultaba constitucional; sin embargo, desestimaron que los argumentos utilizados por la administración capitalina demostraran la utilidad pública de la Cooperativa Pascual, punto que quedó inconcluso por falta de tiempo y el cual dividió a los magistrados de la Corte.

En palabras del propio Ortiz Mayagoitia, durante su exposición: “El artículo 1° fracción IX nunca dice que la expropiación con motivo de la creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio de la colectividad, deba trasmitir la propiedad de un particular a otro particular, esto lo determinó el acto de aplicación, tampoco dice que ésta sea causa de utilidad, la conservación de empresas para el fomento del empleo”.

Por su parte el ministro Aguirre Anguiano señaló que dicha expropiación se realizó con cargo al erario, en beneficio de una sociedad mercantil; sin embargo, el propio decreto, en su artículo 3º, señala: “De conformidad a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Expropiación, la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual S.C.L deberá pagar, dentro de un año y a partir de la segunda publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la indemnización constitucional a quienes resulten afectados por esta expropiación y acrediten su legítimo derecho, tomando como base el valor que fije la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario”.

Dicho avalúo arrojó como resultado un costo de 187 millones por los nueve terrenos involucrados en el litigio que incluyen oficinas, bodegas y las dos plantas citadas, cifra muy por debajo de lo solicitado por la contraparte quien tan sólo por concepto de renta demandó en su momento 400 millones de pesos.

A decir de Alfredo Rivera, la cooperativa es una empresa sana que está dispuesta a pagar por los terrenos, pues les resulta mas económico que trasladar sus instalaciones hacia las otras dos plantas, ubicadas en San Juan del Río, Querétaro; y Tizayuca, Hidalgo. Ésta última se inauguró con una inversión superior a los 300 millones de pesos y en ella cabrían las dos plantas ubicadas en el Distrito Federal. “Aun en caso de que no tuviéramos liquidez para pagarlo, hay varias instituciones crediticias dispuestas a otorgarnos préstamos para poder adquirir los terrenos”.

La corte entrampada
Al parecer, en su decreto de expropiación, Andrés Manuel López Obrador actuó tal y como lo hicieron las administraciones pasadas: aduciendo razones más políticas que jurídicas. Lo anterior ha hecho que aun y con la manifiesta simpatía que algunos jueces tienen por la cooperativa, deban argumentar en contra de ésta, para no sentar un precedente y jurisprudencia que a la larga dé pretexto a expropiaciones arbitrarias.

Según lo expuesto por el ministro Sergio Valls Hernández, durante el proceso se acreditó que la empresa está funcionando regularmente, por lo que considera no se obtiene ningún beneficio para la colectividad con la explotación de bienes para hacer más próspera a esta empresa, aun se trate de una Sociedad Cooperativa.

En opinión del ministro Ortiz Mayagoitia, de acuerdo con el decreto del 18 de febrero del 2003: “Toda empresa que ocupe bienes inmuebles ajenos, puede pedir la expropiación, porque los seis argumentos de la autoridad [del DF], quizá no los seis, pero cinco o más de ellos, les vienen como anillo al dedo, dan trabajo a mucha gente, pagan impuestos a las oficinas recaudatorias del Distrito Federal, tienen relaciones con proveedores en toda la República, y contribuyen en la medida en que los mantienen en explotación apropiada, a que no se deprecien los bienes inmuebles. De verdad, estas razones siendo valederas, lo son para toda empresa productiva”, asegura Mayagoitia.

Dada la trascendencia y lo delicado del caso, que podría abrir la puerta a la arbitrariedad de las autoridades, que quisieran beneficiar a terceros, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han retrasado el juicio hasta que los 11 miembros del pleno se encuentren reunidos y así evitar una decisión parcial o equivocada.

Lo que se perdería

-La cooperativa Pascual Boing cuenta en la actualidad con cuatro fábricas, mil camiones, 20 sucursales y 28 distribuidores exclusivos.

-Emplea a 5 mil 450 trabajadores, de quienes dependen unas 30 mil personas.

-Es la tercer empresa mexicana productora de bebidas de fruta, al controlar el 27 por ciento del mercado nacional.

-Cada año compra 50 mil toneladas de fruta: mango, guayaba, fresas, tamarindo, guanábana, pomelos y limones, que son adquiridos a 15 mil productores locales.

-En lo relativo al mango manila, su consumo equivale al 75 por ciento de la producción del país.

-Consume 35 mil toneladas anuales de azúcar, 75 por ciento la compra a ingenios particulares y 25 por ciento a la cooperativa azucarera de Puruarán (Michoacán). Este ingenio emplea a 2 mil trabajadores y vende a Boing el 100 por ciento de su producción.

-Tiene ventas de 2 mil millones de pesos por año con una utilidad del cinco por ciento .

-Producen 5 millones de cajas de bebidas con 24 piezas cada una.

-Surten al 95 por ciento de las cooperativas escolares del DF y zona metropolitana.

-Durante el 2004, invirtió un total de 43 millones de pesos en las campañas de mercadotecnia para sus marcas Boing y Lulú.
*publicada en la Revista Cambio edición México


miércoles, noviembre 02, 2005

PARTIDO EN DOS

La lucha por el poder de las tribus perredistas se aclara. Hay dos bandos: el de las Redes de López Obrador, y el de los que pretenden cerrar el paso a los advenedizos.

Por David Santa Cruz


Heridos en su amor propio las ocho corrientes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) han consolidado dos bloques que pretenden impedir que quienes conforman las Redes de Apoyo Ciudadano a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo el grupo del diputado Manuel Camacho Solís, tomen por asalto el partido y sean quienes tengan la última palabra en las listas de candidatos a diputados y senadores.


BLOQUES DE INTERESES
A decir del ex secretario general del PRD Carlos Navarrete: “En el partido se ve con preocupación la actuación desbordada y excesivamente ambiciosa de Manuel Camacho Solís, quien ha decidido trazar una línea de comportamiento intentando colocar al PRD en segundo plano, por lo que el agrupamiento es una respuesta al cálculo de Camacho de que en el PRD las corrientes son un conjunto de tribus imposibles de ponerse de acuerdo, en pleito permanente y por lo tanto fáciles de desbancar”.
El origen de la disputa tuvo lugar en la Ciudad de México, principal bastión perredista, donde el intento de imposición de la candidatura de Marcelo Ebrard para gobernar dicha entidad, por parte Andrés Manuel López Obrador, llevó a algunas de las principales corrientes del partido a conformar el grupo Todos Unidos Con la Izquierda, mejor conocido como Tucoi, para impulsar una candidatura fortalecida que enfrentara al llamado candidato oficial.
Dicho acuerdo tuvo tal éxito que las corrientes de Nueva Izquierda (NI) –cuyo candidato, Jesús Ortega, resulto ganador–, Los Cívicos, Red de Izquierda Revolucionaria (Redir), así como Unidad y Renovación (Unyr), que por un lado encabeza Armando Quintero y por el otro está refundando el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez –con el apoyo del líder moral del PRD Cuauhtémoc Cárdenas–, ya discuten la posibilidad de conformar un frente nacional, aunque a decir del líder de Unyr, Juan Guerra: “todavía le falta”.
Frente a esto, el bloque compuesto por Izquierda Democrática Nacional (IDN), el MOBI, Alternativa Democrática Nacional (ADN), Foro Nuevo Sol (FNS), y el ex dirigente de la Redir, Camilo Valenzuela, anunciaron el 13 de octubre pasado la conformación de un bloque que denominaron de “mayoría responsable”, y cuyo objetivo es apoyar la candidatura de López Obrador, y en el Distrito Federal la de Marcelo Ebrard.

La larga historia
Fue en 1993, tras la elección de Porfirio Muñoz Ledo como presidente nacional del PRD, cuando las corrientes comenzaron a operar, pero a decir de Carlos Navarrete –miembro fundador del PRD– fue hasta 1995, durante el congreso de Oaxtepec, cuando se estableció la elección abierta en urnas para elegir dirigentes, al tiempo que se habilitó el derecho de los militantes a formar corrientes. Esto reduciría su edad a 10 años, de acuerdo con el estatuto. Aunque en la realidad su origen es previo al PRD, siendo los primeros grupos aquellos que conformaron el Frente Democrático Nacional de 1998.
De acuerdo con el doctor Víctor Hugo Martínez, en su libro titulado Fisiones y Fusiones (Plaza y Valdés, 2005), en 1993 se forman la Corriente Arcoiris –que apoyaba a Porfirio Muñoz Ledo–; la llamada Trisecta o Convergencia Democrática –de filiación Cuautemista–; Cambio Democrático –encabezada por Heberto Castillo– y los ex comunistas –dirigida por Pablo Gómez y encabezada por ex militantes del Partido Comunista Mexicano–, de esta matriz múltiple se desprendieron los ocho grupos que existen en la actualidad.
El domingo 28 marzo de 2004, durante el VIII Congreso Nacional Ordinario, realizado la Ciudad de México, se propuso la desintegración de las corrientes, sin embargo se rechazó el punto por considerarlo improcedente. “A ese congreso llegamos todos con el compromiso de que se disolvían las corrientes y se llegó con el reconocimiento de que ya su trabajo útil en el partido se había agotado, que se necesitaban esquemas donde fuesen verdaderas corrientes de opinión y no grupos de interés”, narra Fernández Noroña a CAMBIO en su oficina de la sede nacional del Partido.

En opinión Carlos Navarrete, en todos los partidos del mundo existen las corrientes de manera formal o informal: “La razón de ser de los partidos es acceder al poder, para eso se organizan, para permitir el acceso a la función pública de los ciudadanos y en función de ello no es nada criticable que en los partidos las corrientes se formen para lograr que sus miembros busquen cargos dirigentes o puestos de elección popular”.
Tras ese congreso se modificó el estatuto y se les denominó corrientes de opinión. De acuerdo con el artículo 43 de los estatutos perredistas, los miembros del partido tienen el derecho de agruparse en corrientes de opinión o establecer relaciones entre sí en el ámbito nacional o estatal o por un tema particular.
Mientras que en el artículo 44 se establece que el partido podrá desconocer y ordenar la disolución de las corrientes de opinión en caso de comprobarse que: “estas corrientes recibieron aportaciones de entidades públicas, de cualquier empresa o persona moral y de personas no afiliadas al Partido o cuyo origen sea comprobado como ilícito”.

Unidos para ganar
A pesar de sus diferencias, las corrientes coinciden en apoyar a Andrés Manuel López Obrador en su camino a la Presidencia de la República. Dice Fernández Noroña: “No vamos a poner en riesgo la Presidencia de la República por intereses de parte”.
“En la vía de los hechos estamos trabajando como un gran bloque al interior del partido, pero nos vamos guardando también nuestra propia identidad por corriente y por estado”, asegura el representante de la IDN Javier Hidalgo.
Por su parte, el dirigente de la Unyr, Juan Guerra, señala lo siguiente: “No se trata en manera alguna de estorbarle a nuestro candidato, pero si de establecer que el PRD quiere que se gobierne con el programa del partido y con las ideas de izquierda. Aunque estamos abiertos a las candidaturas externas, la izquierda quiere mantener su peso dentro del PRD, lo último que queremos es que en este proceso la izquierda se desdibuje y termine dejando de ser izquierda”.
Si el PRD logra evitar la polarización del proceso, dichos acuerdos resultaran benéficos al reducir el número de interlocutores al centro del partido, lo cual le brinda estabilidad y lo fortalece rumbo a 2006, como lo expresa el líder de la Redir, Antonio Rueda: “Es lo que requerimos para alcanzar el poder en 2006 y llegar con un partido fuerte y un candidato fuerte, antes teníamos un candidato fuerte y partido débil, porque el candidato eclipsaba al partido”.
En este momento, todo parece indicar que el PRD está tomando las riendas, a pesar de sus diferencias que hace que tanto unos como otros se acusen de incongruentes, toda vez que corrientes como FNS e IDN fueron tan antagónicas en el pasado como la Redir y los Cívicos frente a NI, que en el pasado realizó una alianza con FNS. “La coyuntura ha llevado a unir a quienes no se juntaban, los “chuchos” y los “rosaristas” nunca se han llevado, pero ahora, por despecho, se juntan. Ellos sienten que Andrés Manuel tiene la razón, pero quieren que negocie con ellos porque se sienten despechados por Camacho y las estrategias de apertura ciudadana que esta jugando Andrés y decidieron hacerles un contrapeso”, enfatiza Javier Hidalgo.
Todo parece indicar que el PRD terminará cerrando filas en su interior, sobre todo en las candidaturas plurinominales, para lo que respetarán los espacios previamente ganados mientras hacia fuera buscarán opciones y alianzas; no sólo partidarias, sino con la sociedad civil que les pueda ayudar a fortalecer su campaña y demostrarle a la ciudadanía, y a López Obrador, que son una opción para hacer política y no un partido compuesto por tribus, hordas y bandas.



UNA CORRIENTE MÁS

El próximo sábado 29 se presentará formalmente una nueva corriente de opinión dentro del PRD. Será de corte cardenista e impulsada por los diputados perredistas Pablo Gómez, Salvador Martínez Della Rocca y Alfonso Ramírez Cuellar; además del ex líder nacional, Leonel Godoy; Javier González Garza y el representante del PRD ante el IFE, Juan N. Guerra, entre otros.
Conformada por miembros que en su mayoría pertenecían a Unidad y Renovación (Unyr) estará nutrida por los seguidores de Pablo Gómez, así como por gente que en su momento pertenecieron a la llamada Trisecta que apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas en 1993. Incluso se habla de un posible retorno de Marco Rascón, que ha sido uno de los principales críticos del pragmatismo perredista. Este grupo todavía no cuenta con un nombre. Pretende combatir la degradación del partido donde se llevan a cabo “prácticas deleznables”, que criticaron en el pasado y que han llevado al PRD a realizar incluso elecciones de estado donde es gobierno, pues en su opinión “hay una obsesión del poder por el poder mismo”.

Operadores

Todos Unidos con la Izquierda (Tucoi)
Nueva Izquierda (NI): Jesús Ortega, Carlos Navarrete, Lorena Villavicencio, René Arce, Víctor Hugo Círigo
Unidad y Renovación (Unyr, renovada): Pablo Gómez, Salvador Martínez Della Rocca, Alfonso Ramírez Cuellar, Leonel Godoy, Javier González Garza, Juan N. Guerra, Marco Rascón. Por Unyr del DF, Armando Quintero.
Red de Izquierda Revolucionaria (Redir): José Antonio Rueda, Pablo Franco, Marcos Mosqueda, Marbella Casanova.

Izquierda Democrática Nacional (IDN), Foro Nuevo Sol (FNS), Alternativa Democrática Nacional (ADN)

IDN: Dolores Padierna, Javier Hidalgo, Agustín Guerrero, Enrique Fernández, Alejandra Barrales, Martí Batres.
FNS: Martha Dalia Gastelum, Juan José García Ochoa, Hortensia Aragón, Claudia Corichi, Iván García Solís, Amalia García.
ADN: Héctor Bautista Edo mex; Gelasio Montiel, Enrique Romero Aquino.
Independiente: Camilo Valenzuela
Movimiento de Base Insurgente (Mobi): Gerardo Fernández Noroña

Publicado en la edición mexicana de la Revista CAMBIO